Contaminación se llama CELCO

HASTA CUANDO CELCO

La contaminación del río Mataquito, provocada por desechos tóxicos vertidos desde la planta de celulosa Licancel, quedará por mucho tiempo en la retina de la gente de Licantén y la zona costera de la provincia de Curicó. Pero probablemente ningún habitante de la zona dirá que se trató de una sorpresa. En cierto modo, “los hombres de piedra”, como diría un licantenino, el poeta Pablo de Rokha, están acostumbrados a este tipo de “eventos”, el eufemismo con el que algunos prefieren referirse a la masiva muerte de peces descubierta a comienzos de este mes en la desembocadura del cauce, en el balneario de Iloca, cuya responsabilidad fue ya atribuida por el intendente de la Región del Maule a la firma propiedad de Celulosa Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini.
No es ninguna sorpresa, aseguran también en la zona, que Celulosa Arauco descargue riles –los residuos industriales de su producción– al curso fluvial “aprovechando las crecidas”. Ni resulta novedoso si se tiene en cuenta que se trata del segundo episodio de contaminación que ha ocurrido en el río en los 12 años que la planta, construida en 1976, lleva en poder de Celco.
El primero fue en diciembre de 1999, cuando, al igual que ocurrió ahora, cientos de peces aparecieron muertos en el curso del río Mataquito. Entonces, y aunque todas las sospechas apuntaron a la fábrica de celulosa, fue imposible determinar su responsabilidad, ni tampoco quedó claro si fueron los desechos industriales tóxicos, producidos en el proceso de limpieza y mantención de sus instalaciones, los que provocaron la muerte de la fauna y la flora del río, cuyo nombre significa “estrujar el tuétano”.
Pese a la acción judicial que emprendieron aquella vez la Comunidad de Regantes Lora-Quelmén y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, reivindicando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 de la Constitución, la investigación quedó en nada y la planta siguió operando. Pero en Licantén y las localidades costeras de Iloca, Duao y La Pesca nadie olvida aquel episodio. “Se murió todo, peces, algas, todo. Antes costaba navegar, ahora hay puro fango”, admite José Rivera, dirigente de los pescadores artesanales de este último poblado.
Según recuerdan los lugareños, la mortandad de peces de principios de este mes es igual o peor a la de hace ocho años. “Cuando ocurrió la contaminación de 1999 fue lo mismo que ahora, pero quedó en nada. Esa vez, gente de Celco ‘mojó’ por debajo a muchos para silenciar”, denuncia otro dirigente de La Pesca.
Pese a esta lectura, el director ejecutivo (S) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Rodrigo Guzmán, dice que lo ocurrido en 1999 no puede ser comparado con el último episodio. “No son hechos comparables. La situación hoy es distinta, hay una mayor conciencia de lo que puede ocurrir y el Estado está para hacerse cargo. Lo que preocupa y es indispensable ahora es atender las consecuencias ambientales”, sostiene
Ciento cinco pescadores de Iloca y alrededores, que se vieron afectados por el daño ambiental provocado por la contaminación de las aguas del río Mataquito interpusieron en el tribunal de garantía de Licantén, Séptima Región, una querella criminal en contra de las autoridades y funcionarios públicos que permitieron que ocurriera el desastre ecológico. También, en contra de los operarios, agentes, ejecutivos, gerentes o propietarios de la empresa Celulosa Arauco Constitución, que resulten responsables de daños a los recursos hidrobiológicos de la zona.
Los pescadores son asesorados por los abogados Alex Quevedo y Lorenzo Soto, quienes también ejercieron acciones legales en contra de Celco en el caso de la contaminación del río Cruces, en Valdivia, y señalan que cuentan con informes de la seremi de Salud y la Conama de la región del Maule para sindicar a la planta de celulosa Licancel como la responsable de la existencia de ductos ilegales y de la emisión de sustancias tóxicas a través de éstos.
"Dichos informes señalan que existió un derrame, de proporciones, de licor negro al interior de la planta, y que éste fue evacuado a través de estos ductos", agregó el abogado Lorenzo Soto, quien añadió que la querella criminal se basa en los artículos 196 de la Ley general de pesca y acuicultura y el artículo 291 del código penal , que sancionan a quienes propaguen indebidamente sustancias o elementos que sean susceptibles de poner en peligro la salud animal y vegetal o el abastecimiento de la población, como ocurrió en el caso del río Mataquito.
Los abogados indicaron que esta querella criminal es sólo la primera acción legal que iniciarán, pues más adelante interpondrán dos demandas por daño ambiental y patrimonial e indemnización de perjuicios,en representación de todas las personas que resulten directa o indirectamente afectados, como son pescadores artesanales, propietarios ribereños, microempresarios turísticos y todo aquel que pueda demostrar daño producto de la contaminación.